En 2024, la Ley de Protección del Denunciante en España está alineada con la Directiva Europea 2019/1937. También conocida como la Directiva de Whistleblowing o Directiva de Protección a los Denunciantes de la UE. Que impone la obligación a los Estados miembros de proteger a los trabajadores que reporten infracciones del derecho de la Unión. España adaptó su marco legal a esta directiva a través de la Ley 2/2023, que regula los sistemas de protección y los canales de denuncia en el país.
Aspectos clave de la Ley de Protección del Denunciante en España en 2024:
1. Obligación de implementar canales de denuncia internos
- La ley establece que todas las empresas con más de 50 empleados, así como las entidades públicas (incluidos municipios con más de 10.000 habitantes), deben crear y gestionar un canal de denuncia interno. Este canal debe permitir a los empleados y otras partes interesadas (proveedores, contratistas, etc.) informar sobre actividades ilegales o contrarias a la normativa de la empresa.
- Las empresas deben asegurarse de que los canales sean accesibles y fáciles de usar. Respetando la confidencialidad y, cuando sea posible, ofreciendo la posibilidad de denunciar de forma anónima.
2. Protección frente a represalias
- La ley prohíbe cualquier tipo de represalia contra los denunciantes. Esto incluye despidos, cambios en las condiciones laborales, amenazas, intimidación o cualquier otra medida que pueda perjudicar al denunciante. Los denunciantes tienen derecho a protección especial, y cualquier acto que pueda considerarse represalia está sujeto a sanciones legales.
- La protección se extiende no solo a los empleados, sino también a colaboradores externos, voluntarios, y personas que participen en el proceso de denuncia, como compañeros de trabajo o testigos.
3. Plazo para la investigación de denuncias
- Las empresas están obligadas a investigar las denuncias recibidas en un plazo máximo de tres meses. Aunque este puede extenderse hasta seis meses en casos excepcionales. Deben comunicar al denunciante los avances y las resoluciones del proceso, siempre respetando la confidencialidad.
4. Canales de denuncia externos
- Además del canal interno que debe ser gestionado por una empresa externa, se ha establecido un canal alternativo de denuncia. Está gestionado por la Autoridad Independiente de Protección del Interés del Denunciante A.A.I. Las personas que no se sientan seguras utilizando los canales internos o que no reciban respuesta dentro del plazo legal pueden acudir a este organismo independiente para presentar su denuncia.
- Este canal externo ofrece garantías adicionales para asegurar que se investigan correctamente los casos y que los denunciantes están protegidos.
5. Análisis de las denuncias y medidas correctivas
- Las empresas tienen la responsabilidad de analizar exhaustivamente cada denuncia y de tomar medidas correctivas cuando se confirme una infracción. Esto puede incluir desde sanciones internas, cambios en los procedimientos, hasta el reporte a las autoridades competentes si la denuncia involucra delitos graves.
6. Sanciones por incumplimiento
- El incumplimiento de las obligaciones de la ley puede acarrear multas significativas para las empresas. Estas sanciones pueden oscilar entre 10.001 y 1.000.000 de euros, dependiendo de la gravedad de la infracción, si una empresa no establece un canal de denuncia, si se produce una represalia contra el denunciante o si se gestiona inadecuadamente la confidencialidad de las denuncias.
7. Ámbito de aplicación
- La ley protege a cualquier persona que trabaje en el sector público o privado, así como a voluntarios, becarios, autónomos, contratistas y personas relacionadas con la organización que puedan tener acceso a información relevante. Las denuncias pueden cubrir una amplia variedad de infracciones, desde fraude, corrupción, delitos financieros hasta violaciones de normativas medioambientales o laborales.
8. Confidencialidad y anonimato
- Las empresas deben garantizar la confidencialidad de las personas que denuncian, y siempre que sea posible, ofrecer la opción de hacerlo de manera anónima. Además, la identidad del denunciante no puede ser revelada sin su consentimiento, a menos que se requiera como parte de una investigación judicial.
Impacto de la normativa
La Ley 2/2023 es un esfuerzo clave en España para fomentar la transparencia y lucha contra la corrupción en las empresas y entidades públicas. Al implementar estos canales de denuncia, se espera que las empresas mejoren sus prácticas de compliance y que los empleados se sientan más seguros al reportar infracciones, sabiendo que están protegidos legalmente.
Esta ley es un avance significativo en el contexto europeo y es fundamental para cumplir con los estándares internacionales de gobernanza corporativa, además de ofrecer un marco legal sólido que fomente la ética empresarial y el respeto a los derechos de los trabajadores.
