Este martes 13 de Junio entran en vigor las obligaciones de la ley 2/2023, de 20 de febrero, conocida como la ley de protección al informante para empresa de más de 250 empleados y las Administraciones Públicas.

A día de hoy son muchas Administraciones las que siguen sacando licitaciones de concursos para que terceros implantes sus propios canales de denuncias, con lo que algunos órganos departamentales tampoco llegan a tiempo. Esto imposibilitará que puedan cumplir los plazos establecidos. No hay una previsión específica, pero si tomamos los planes de igualdad como referencia, que también eran obligatorios para las empresas y llevaron a que se impusieran muchas sanciones cuando se cumplió el plazo, para decir que podría pasar lo mismo.

Esto puede ocasionar un efecto rebote para las empresas que están obligadas de más de 50 trabajadores, cuyo plazo vence el 01 de diciembre de 2023.

No tener el canal de denuncias en plazo puede acarrear sanciones importantes, pero lo más importante es el riesgo reputacional de una empresa a que se den amonestaciones públicas, como la publicación en el BOE o no poder optar a subvenciones y beneficios fiscales durante 4 años y la no contratación con el sector hasta por 3 años.